Este 31 de mayo de 2022 se hizo público un documento donde se relatan una serie de conversaciones que involucran al alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, su administrador municipal, funcionarios y funcionarias de confianza de su Gabinete.
En dichas conversaciones se denotan lamentables y deplorables descalificaciones que rayan en la homofobia; clasismo; racismo; gordofobia; discriminación; sugerencias de amedrentamiento a medios y periodistas, tanto del municipio de Antofagasta como de los medios de prensa.
Hoy vivimos un momento histórico, desde distintas veredas, la ciudadanía, trabajadores, familias, organizaciones sociales, entre otros, exigen un cambio en la forma de proceder e interactuar en el trato y relacionamiento. Esto tiene un especial sentido para quienes poseen una responsabilidad social con la comunidad, punto en común que tiene un profesional de las comunicaciones con las autoridades públicas.
Es lamentable que ocurran situaciones que nos llamen constantemente a recordar criterios básicos y mínimos que se esperan en el ejercicio de cualquier autoridad, más bien, de cualquier persona, como lo es el respeto, sin importar si es en el ámbito público o privado. Un compromiso aún mayor para quienes son líderes de opinión, ya sea por el cargo que ostentan o por representar una institución.
Cuando al trato peyorativo se le suma el vetar a medios de comunicación, y más cuando estos son locales, es imposible callar y obviar. Entendemos que desde distintos tipos de organismos puedan existir estrategias acordes a potenciar lo que se quiere entregar como información a la comunidad, pero estas deben ir de la mano con la igualdad de oportunidades para todos quienes deseen ejercer su derecho a comunicar.
Si bien es cierto, está en la libertad de cada profesional o autoridad elegir a sus equipos de trabajo, estos deben representar valores laborales fundamentales para el avance de nuestra ciudad, y no ostentar características discriminatorias en perjuicio de las personas. Cuando los espacios de trabajo (sean presenciales o digitales) se ocupan para denostar a terceros, sólo pierde la ciudadanía, especialmente cuando se realizan con recursos públicos, al ejercer esta dinámica en horarios laborales.
Dejar las decisiones claves, para una ciudad, en manos de funcionarios que utilizan la vía de la violencia como un lenguaje recurrente y normalizado es una amenaza latente que sólo bloquea las oportunidades que la comuna avance.
Es gravísimo cuando la autoridad es testigo de estos actos discriminatorios, y se omite todo llamado de atención ante las faltas de respeto, denostación, amenazas, etcétera, hacia otras personas. En consecuencia, se es cómplice de la violencia verbal, su multiplicación y su inacción en detenerla.
Justamente en este mes, se cumple un año desde la creación del grupo de WhatsApp que es hoy prueba de una serie de incontables dichos vulneratorios contra personas externas e internas del municipio, muchos de ellos, periodistas que cumplen con su rol de informar a la comunidad. Las disculpas no son válidas ni suficientes cuando se originan desde la publicación de esas conversaciones y que sólo se emiten porque ponen en jaque la figura del alcalde, eso demuestra que nacen desde el egoísmo y no de la buena fe.
Como Colegio de Periodistas jamás seremos partidarios de justificar la denostación, discriminación, persecución, ni nada que perjudique a la honra de las personas. Las autoridades deben estar a la altura y poner en valor su cargo a través del servicio que le pueda prestar a la comunidad. El puesto se honra día a día, no sólo cuando se gana en las urnas.
Pese a que ya estamos en directa conversación con los colegas que han sido afectados, extendemos la invitación a todos los periodistas que se hayan sentido perjudicados por dichos y acciones que vulneraron su derecho como persona y como trabajador de las comunicaciones.
Estamos con ustedes.
Alejandro Rodríguez
Presidente Colegio de Periodistas
Consejo Regional Antofagasta