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El último informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) revela un preocupante incremento del acoso judicial y digital en el país. El reporte destaca que, por primera vez, las mujeres periodistas son el blanco principal de discursos de odio y estigmatización, en un escenario donde la violencia ya no se limita solo a las protestas callejeras.
El ejercicio del periodismo en Chile enfrenta uno de sus periodos más críticos de los últimos años. Según los resultados del sistema de monitoreo de agresiones a la prensa presentados hoy por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), las vulneraciones a la libertad de prensa registraron un salto significativo durante el año 2024, alcanzando un total de 132 casos frente a los 83 reportados el año anterior. Este aumento no solo representa un crecimiento en volumen, sino también una diversificación de las tácticas utilizadas para amedrentar a comunicadores y medios independientes.
El informe detalla que las acciones de violencia directa y restricciones aumentaron en un 27%, consolidando una tendencia donde el acoso ya no ocurre únicamente en el contexto de manifestaciones públicas. De hecho, el entorno digital se ha transformado en un nuevo frente de batalla: 35 de los 94 incidentes de violencia registrados ocurrieron en redes sociales y plataformas digitales, donde se han intensificado los ataques dirigidos y el uso de la estigmatización como herramienta para desacreditar la labor periodística.
Uno de los hallazgos más alarmantes del reporte es el marcado componente de género en las agresiones. Por primera vez en los registros del ODC, las mujeres periodistas representan la mayoría de las víctimas en la categoría de discursos estigmatizantes. Los ataques contra ellas tienden a ser más intensos, reiterados y cargados de connotaciones machistas o misóginas, lo que ha llevado a un incremento drástico de las «alertas de género», las cuales pasaron de una sola en 2023 a seis durante el último periodo. Esta hostilidad, según advierte la organización, tiene un efecto inhibitorio que amenaza con silenciar la participación femenina en el debate público.
En cuanto a los responsables, el informe identifica una persistencia de la violencia estatal. Carabineros de Chile se posiciona nuevamente como el agresor más recurrente en contextos físicos, concentrando el 45% de los incidentes protagonizados por agentes del Estado. Sin embargo, también preocupa el rol de autoridades políticas y funcionarios públicos, quienes lideran el uso abusivo de procesos judiciales y querellas por injurias y calumnias para amedrentar a medios locales y prensa digital independiente, con un aumento del 157% en este tipo de acoso legal.
El informe del ODC, dedicado a la memoria de la periodista Francisca Sandoval, también pone el foco sobre la vulnerabilidad de quienes trabajan en terreno. El centro de Santiago sigue siendo la zona de mayor riesgo, especialmente para los equipos de televisión y reporteros independientes, quienes han visto cómo la violencia se ha desplazado incluso a lugares antes considerados seguros, como sedes municipales o tribunales de justicia. Ante este escenario, el organismo hace un llamado urgente a las instituciones del Estado y a la sociedad civil para implementar mecanismos reales de protección que garanticen la seguridad de quienes ejercen el derecho a informar en todo el territorio nacional.
