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El conversatorio interinstitucional reunió a más de 70 asistentes, entre autoridades, académicos y estudiantes, para debatir sobre la necesidad de aplicar una perspectiva sensible a las desigualdades en los procesos judiciales y recintos penitenciarios de la región.
La ciudad de Antofagasta fue sede de un relevante espacio de reflexión y análisis bajo el título “Mujer y justicia: Por una aplicación de justicia con perspectiva de género”. La instancia, organizada de manera conjunta por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la Defensoría Regional, se desarrolló en el auditorio de Serviu con una masiva concurrencia que incluyó a representantes de las Fuerzas Armadas, directivos del sector público y futuros profesionales de las facultades de Derecho locales. El objetivo central fue visibilizar las barreras que enfrentan las mujeres en el sistema penal y la urgencia de garantizar procesos que respeten su dignidad.
Durante la apertura, la Defensora Regional de Antofagasta, Karina Reyes Gálvez, enfatizó que la articulación entre las instituciones es clave para fortalecer el trabajo en áreas donde las mujeres se ven directamente involucradas en causas judiciales. La autoridad fue enfática en señalar que la perspectiva de género no debe ser vista como un complemento opcional, sino como una necesidad básica para asegurar una justicia real y efectiva. En su intervención, reafirmó el compromiso de los defensores y defensoras de la zona por asegurar que cada mujer que enfrenta un proceso penal sea tratada con dignidad y sin discriminación de ningún tipo.
El panel de expertas, integrado por las defensoras penitenciarias Francheska Araya y Camila Leonicio, junto a la jefa regional del INDH, Paula Palma, expuso casos críticos que evidencian graves vulneraciones en los recintos penales femeninos. Entre los nudos críticos presentados, destacaron las demoras injustificadas en la revisión de penas para mujeres trans con enfermedades crónicas y las precarias condiciones que enfrentan mujeres embarazadas o madres con hijos lactantes dentro de las unidades. Estas situaciones ponen de manifiesto las deudas pendientes en materia de habitabilidad y cumplimiento de condenas con un enfoque humanitario.
Finalmente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos puso una alerta sobre la situación específica del Pabellón N.º 2 del Centro de Penitenciario Femenino (CPF) de Antofagasta, denunciando restricciones al acceso a servicios higiénicos durante la noche. Esta medida fue calificada como una afectación grave a la salud y dignidad de las internas, impactando especialmente a adultas mayores y mujeres con patologías renales. Por su parte, la directora regional de SernamEG, Gabriela Araya Seguel, concluyó que las mujeres privadas de libertad son un grupo de especial protección, por lo que es deber del Estado asegurar que la privación de libertad no vulnere otros derechos fundamentales.
