Este viernes, por causas que se investigan, se produjo una gran explosión en dependencias de una multinacional que se dedica a la fabricación de explosivos para la minería de la zona y el país a pocos kilómetros de Calama.
Esta situación generó gran alarma en nuestra comunidad, que demandaba información inmediata de parte de la prensa local. Al principio era difusa y poco clara, alimentando a los “periodistas de ocasión” que a través de las redes sociales adelantaban varios heridos y muertos que, con el correr de las horas, se disiparon con la versión de autoridades y de fuentes oficiales de la empresa.
Entendemos que una situación tan visible como la ocurrida pueda traer errores debido al desarrollo y contingencia que provocaba un incidente de esta envergadura. Es aquí donde nuestra preparación, criterio y ética se ponen a prueba.
Debemos tener más resguardo a la hora de dar por confirmada o no una noticia que generó preocupación a toda una comunidad, pero, principalmente, a las familias de los trabajadores vinculados directa o indirectamente al hecho mismo.
Es aquí donde los comunicadores y principalmente las y los periodistas, formados con altos estándares éticos y profesionales, somos los encargados de no alarmar a la opinión pública y cuidar esos necesarios detalles que tienen que ver con personas y no like más o menos. Esto no sólo debe ser una condición para el medio de comunicación en el que trabajan, sino para todas las redes sociales en la que participamos.
Sabemos que, a la hora de informar, nuestras palabras, imágenes y textos son valiosas, pero mucho más importante es validar y chequear nuestras fuentes; no hacerlo es una falta grave a nuestro compromiso con el ejercicio responsable y ético de nuestra profesión, más aún, si con ello perturbamos o desinformamos a la comunidad.
Imaginen qué pasa por la mente de un familiar que conoce de una “fuente oficial”, de “un periodista formado”, que hay muertos en un accidente, gases tóxicos en el ambiente. Hacerlo es una irresponsabilidad inaceptable y condenable para un comunicador social, mucho más para un periodista formado. Doblemente es publicarlo y no darse el trabajo de eliminarlo o corregirlo en bien de una comunidad mejor informada. Y peor aún es que ese medio, al que pertenece el infractor, no tome las medidas del caso; independiente que su ejercicio haya sido a “modo personal”.
Eso demanda la comunidad y debe respetarse y aplicarse por el bien común. No hacerlo es convertirse en cómplice también. Como gremio llamamos al compromiso y profesionalismo por nuestra labor, a reconocer las informaciones en las que nos hemos equivocado y cuidar nuestras redes sociales que pueden alarmar a una sociedad, ya que no importa la hora, el momento y el día, nosotros y nosotras seguiremos siendo periodistas las 24 horas.
Javier Cuevas del Prado, Colegio de Periodistas, Consejo Regional El Loa