Nueva Constitución: nace bloque por el derecho a la comunicación

En el marco del proceso de cambio constitucional, diversas organizaciones, medios de comunicación y redes, hemos confluido para crear el “Bloque por el Derecho a la Comunicación”, derecho que debe estar consagrado en la nueva Constitución como principio fundamental de una sociedad democrática.

Entendemos el derecho a la comunicación como la comprensión más amplia establecida por el sistema internacional de derechos humanos sobre garantías asociadas a la comunicación como la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información. Esto comprende el derecho de todas las personas no solo a buscar y recibir información plural, sino también a difundirla por cualquier medio de expresión sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales, “correspondiendo al Estado impulsar el pluralismo al mayor grado posible, para así lograr un equilibrio en la participación de las distintas informaciones en el debate público, y también para proteger los derechos humanos de quienes enfrentan el poder de los medios», (CIDH, 2010).

Para nuestra articulación, el derecho a la comunicación debe consagrarse como un derecho inalienable e inherente a todas las personas y como requisito básico para su desarrollo debe ser garantizado y fomentado por el Estado a través de la Constitución y de un nuevo sistema medial, regulado por una ley de medios que permita profundizar su pluralidad (Corte IDH, 2015).

Ya en el año 2016, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertía al Estado que en Chile persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país, muchas de las cuales pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado y del proceso de transición a la democracia, cuya permanencia ha perdido sentido en el actual desarrollo democrático. 

Una de las principales formas de tener una ciudadanía crítica y opinante es a través de contenidos pluriculturales, descentralizados y locales, con enfoque de derechos humanos, interseccional, feminista y de género, contenidos de los que hoy carecen los medios de comunicación. 

Chile presenta una de las tasas más altas de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en América Latina, con un 80% solo en la prensa escrita. Las empresas El Mercurio SAP y el Consorcio Periodístico de Chile, COPESA, concentran un 82% de lectoría y más del 84% de la publicidad en el sector. Este virtual duopolio entre El Mercurio y COPESA se extiende también a la prensa regional, donde tienen un fuerte control (Colegio de Periodistas, 2016).

“La concentración mediática es una de las principales barreras al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información por cuanto representa un obstáculo para la diversidad de medios y el pluralismo de ideas e informaciones”, (Observacom, 2016).

Con la consagración del Derecho a la Comunicación a nivel constitucional, esperamos que se garantice a la vez la regulación de medios de comunicación de carácter privado, permitiendo así la creación de un sistema de medios de servicio público, nacional, local y regional, y la generación de condiciones óptimas para el desarrollo y fortalecimiento de medios comunitarios, ratificando el carácter público del espectro radioeléctrico. El Estado debe garantizar el derecho a la comunicación para asegurar un entorno mediático libre, plural e independiente.

Por eso, demandamos:

La creación de un sistema medial que se exprese a través de un marco legal que incluya una ley de medios, que de manera eficaz regule la indebida concentración de la propiedad de los medios, para promover el pluralismo.

Distribución equitativa del avisaje estatal, en especial para medios regionales e independientes. 

Avanzar en políticas que permitan garantizar el acceso y distribución equitativa del espectro radioeléctrico, resguardando su valor como bien público.

Se fomente y garantice la existencia de medios públicos, regionales, locales y comunitarios.

Garantizar el derecho a Internet como un derecho humano, enfatizando su arquitectura abierta, descentralizada y libre de censuras, bloqueos y restricciones, y garantizando principios de seguridad, privacidad y protección de datos.

Avanzar en políticas que garanticen el acceso, uso y apropiación de Internet y tecnologías digitales de comunicación e información, grupos sociales y, comunidades excluidas y discriminadas, como las mujeres, localidades rurales, personas con discapacidad, entre otras y otros.

Se garantice una televisión pública, educativa y cultural.

Se fomente una industria audiovisual emergente.

Medios de Comunicación con pertinencia cultural para pueblos originarios. 

Medios de Comunicación que tengan en su centro el desarrollo de un periodismo ético, con enfoque de derechos humanos y de género, interseccional y feminista.

Promover un periodismo que respete los derechos de las mujeres, que no reproduzca la violencia simbólica y que avance por Medios No Sexistas.

Transparencia en relación con la propiedad de las empresas informativas, sus inversionistas y las fuentes de ingresos. 

Participación de la sociedad civil en la promoción y ejecución de las medidas para fomentar el pluralismo mediático.

Protección de la labor de periodistas ante interferencias ilegítimas mediante la introducción de garantías como los consejos de informativos y la cláusula de conciencia.

Despenalizar la calumnia e injuria, fortalecer garantías legales para que periodistas y denunciantes (whistleblowing) no sean sometidos a acoso judicial u otras formas de represalia.

Garantizar la independencia y pluralidad de los organismos que regulan el sector de los medios de comunicación.

Mayor amplitud del derecho de “acceso a la información pública” frente a restricciones por razones de seguridad nacional.

Las acciones de esta plataforma estarán focalizadas en incidir en diversas instancias el cumplimiento de estas demandas en el contexto del histórico momento constitucional que vive nuestro país.

El “Bloque por el Derecho a la Comunicación” está integrado por el Colegio de Periodistas de Chile, Red de Periodistas Feministas, Fundación Datos Protegidos, Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Mujeres en el Medio, Diario El Siglo, El Desconcierto, Página 19,  Radio Universidad de Chile, Comité por la Defensa de la Televisión Pública, Radio Juan Gómez Milla de las Escuela de Periodismo Universidad de Chile, ONG ECO: Educación y Comunicaciones, UPLA TV (Canal Universitario de la Universidad de Playa Ancha), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, Observatorio del Derecho a la Comunicación, Red de Periodista Migrantes y la fotógrafa Nicole Kramm.